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María Fernanda Salas R.
Constitución bolivariana: El papel sanitario de la revolución













María Fernanda Salas R.





3erPolo
















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Las nuevas constituciones escritas (desde el último tercio del siglo pasado) son cada vez más absurdas. Tan reciente como del año 1991, la venezolana es absurdísima.

 

EL DERECHO DE VIVIR... DEL ESFUERZO AJENO

 

Se distingue tal texto no en darle rango de derechos al amplio rango de los bienes y servicios que los constituyentes quisieron, sino por clarificar en mucho la calidad y cantidad de tan materiales derechos. Así, el derecho a la vivienda, de pasadas constituciones, se trasformó en el derecho a la vivienda digna, confortable, dotada de servicios, etc.  Tenemos, según tal texto, derecho a la recreación, a la información, a la educación, a la salud, a la vivienda, y muchos otros, incluso al trabajo. Así, el Estado tiene la obligación de garantizar tales derechos, y como derechos que son, no los puede negar a nadie, por razón alguna. Si establecemos el texto constitucional el derecho a la vida, se entiende que el matar a alguien es violarle tal derecho. Si la victima no trabajaba, no pagaba impuestos y vivía de la caridad pública, en nada menoscaba eso su derecho a la vida. Si establecemos el derecho a la vivienda, digna, cómoda, etc. Ese mismo individuo que no trabaja y vive de la caridad pública, no tiene menos derecho a una vivienda que quien trabaja y se la provee como resultado de su esfuerzo. Así, debemos entender que ni la vivienda, la educación, o la salud, pueden ser realmente gratuitas. Alguien ha de pagar por ellas. Usualmente se entiende que tales bienes y servicios serán pagados por quienes los usan. Pero si son derechos, quienes los usemos no tenemos obligación alguna de pagarlos. Se pagarán de los impuestos, que es tanto como decir que se les quitará más a los que más trabajen, para darle más a los que no trabajen. Igual era con el derecho a la vida. Pagamos impuestos para que el estado proteja nuestra vida y propiedades, sin que posiblemente lleguen estar jamás amenazadas. Podríamos pagar entonces para proteger las vidas y propiedades de otros. La cosa es que si hablamos de vidas y propiedades, el estado es como un seguro. Una lo paga con la aspiración de llegar a usarlo nunca, y con la esperanza de que responde si llega a necesitarlo. Y entiende que no puede disfrutar de la protección de la ley, si no la disfrutan todos, incluso los que no la paguen. Si alguien está fuera de la protección de la Ley, esta fuera de su imperio, y puede matarme impunemente. Con lo que prefiero que este bajo su protección e imperio, y sea igual a mí, ante la Ley. Y lo prefiero en mi propio, y más elemental, interés, tanto como por sentido de justicia. Pero en materia de vivienda, salud, educación, o cualquier otro de esos crecientes "derechos" entiende una que, mientras más paga por la de otras, menos posibilidades tiene de proveerse una misma decentemente de tales bienes y servicios. Pero, peor aún, entiende una que en nada la afectaría el que quien no pagase dichos bienes y servicios, se viera excluido de su imperio y disfrute. Lo contrario, en cambio, no sólo me afecta, sino que es repugnantemente injusto. Es injusto que, en contra de mi voluntad, viva del fruto de mi esfuerzo quien no lo trabajó. La constitución venezolana de 1999 es, sobre cualquier otra cosa, un incremento dramático del fruto de mi esfuerzo que los demás disfrutarán. Y lo peor de ello, es que mientras más se ocupa el estado de tales "derechos" sociales, como la recreación, la información, la cultura, el deporte, etc. Menos se ocupa de proteger las vidas y propiedades. Ocurren más delitos y menos son castigados, porque hay menos jueces, menos cárceles y menos policías. Y hay menos de esos, porque los recursos limitados del estado se gastaron en otras cosas que nuestros textos constitucionales llaman derechos. Tampoco alcanza para esos otros derechos. En realidad la Universidad gratuita es para quienes tienen recursos para pagarla. Y la construcción marginal e ilegal (y totalmente privada) de viviendas en un solo barrio de Caracas implicó más capital privado, que todo el que usó en construcción de viviendas el estado venezolano en los últimos 45 años.

 

EL PAPEL SANITARIO DE LA REVOLUCIÓN

 

Pero, como todo puede ser malo, tiene tal texto constitucional algunas disposiciones que son mejores a las de los anteriores. Ante todo, la idea de algunas leyes que son muy importantes, sólo puedan decretarse (o modificarse) por el voto calificado de dos tercios de los diputados. Y si es bueno lo de las leyes denominas Orgánicas, mejor aún es que la misma norma se aplique para el nombramiento (por parte de la Asamblea) de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia. Yo preferiría que todas las leyes requiriesen de tal filtro, y que el nombramiento de los Jueces de tan alto tribunal recayese sobre el máximo representante del Ejecutivo, pero luego de que los candidatos fueran aprobados por tres cuartos de los diputados. Y a decir verdad, preferiría un sistema que limitase el poder de legislar que ahora es ilimitado. Pero por algo se empieza. Que las leyes representen un consenso más amplio que el de cualquier mayoría circunstancial. Y que el nombramiento de los árbitros finales de la República, represente un consenso aún más amplio que el de las leyes. Me parecería un pequeño, pero muy significativo, progreso. Tan sabia y saludable idea, no podía durar mucho en medio de una revolución que se precie de tal, y a demolerla se ha dedicada el gobierno revolucionario y su decreciente mayoría parlamentaria. ¿Reformar la Constitución? ¡No!, al menos no en primera instancia. Se trata de que la mayoría más simple, de la mitad más uno, de los diputados presentes un día en la Asamblea, dicten tal reforma legal y la misma se ponga en vigor. Dejando así la constitución revolucionaria (en el lugar que las revoluciones le reservan al documento) a pocos centímetros del inodoro. Los parlamentos tienen reglamentos, y las minorías los usan para retrasar, en todo lo posible, la capacidad de la mayoría para legislar, con la esperanza de que la mayoría discuta el modificar en algo tales disposiciones. La mayoría puede no modificar, pero al costo de asumir el tiempo que sea necesario para sobrepasar todos los retrasos que la minoría le puede causar. Y es mucho, lo que la opinión pública se puede involucrar en tales asuntos. Pero ese no es el mecanismo de las revoluciones, y la revolución bolivariana ha cambiando el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, ya siete veces, a la medida de la necesidad de imponer su mayoría sin mayores atrasos. Siete cambios de las reglas del juego, todos en medio del partido, y todos en tres años. Y no alcanzan a dictar un reglamento que satisfaga sus necesidades. Hay una razón para ello, y es que el único reglamente que realmente podría satisfacer sus necesidades tendría un único artículo: "La Asamblea actuará conforme a las ordenes del Presidente de la República", pero el objetivo de mantener la apariencia formal de república "social" democrática, al tiempo que se adelanta una revolución neo-aprista completa, es un juego de malabares que alucina. Claro, la revolución avanza (y el estado de derecho retrocede) un paso a la vez, pero con cada paso se empobrece cada vez más la población. Irónicamente, se empobrece aún más, la que más apoya la revolución, la que la apoyó desde el principio y la que la apoyará hasta el final. Algunos se empobrecen mucho menos, la revolución se "asienta" y mientras más se "asienta" más recursos gratuitos se destinan a quienes pueden pagarlos. No es de extrañarse que mientras más programas de subsidio "para los más pobres" se implementan, más crece el apoyo a la revolución en la clase media. No es más que una medida del donde van realmente tales recursos. Tampoco es de extrañarse que algunos se enriquezcan, no hay como ser amigo del soberano para enriquecerse con poco esfuerzo, y la revolución se parece a las monarquías absolutas, en que el soberano es uno sólo. El antiguo régimen erró, por legalista, en proclamarlo para poder practicarlo. La revolución, que es práctica, lo practica proclamando lo contrario. Aunque últimamente nos lo explica demasiado claramente con algunas vallas. Pero son vallas, no artículos de la Constitución. Claro que... si la Constitución tiene su papel asignado al lado del inodoro... quizas las vallas sean algo más que simple propaganda.

 

¿Me explico?
















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